BREVE SINÓPSIS SOBRE LA ECONOMÍA COLABORATIVA EN ESPAÑA

Concepto de economía colaborativa: Parece que hay cierto consenso a la hora de definir la economía colaborativa como el modelo económico transversal basado en el intercambio entre particulares de bienes y/o servicios infrautilizados. Sin embargo, actualmente está sobre la mesa el debate etimológico de si ciertas multinacionales basadas en plataformas colaborativas quedarían fuera del concepto en la medida en que éste se concibió para otros fines (ahorro energético, reducir la sobreproducción de bienes, alternativa real al capitalismo, etc.) y no para favorecer la aparición de multinacionales.

Difícil encaje legal: La economía colaborativa ha creado la figura del ciudadano-productor, esto es un usuario que, bien sea vendiendo/compartiendo algo que no utiliza o prestando un servicio en su tiempo libre, obtiene un ingreso extra. Este ciudadano-productor necesita una norma más flexible para encuadrar su actividad económica esporádica en el sistema legal y no ser/sentirse un “outsider”. Por otro lado, tenemos al usuario que hace de la economía colaborativa su profesión convirtiéndose en mensajero, taxista, chófer, cocinero, etc. aquí es donde realmente surgen los problemas de laboralidad, fiscalidad y licencias administrativas.

Retos legales: Los retos legales que plantea la economía colaborativa son, para un jurista, sin duda apasionantes. El problema se agrava en sectores regulados sujetos a licencia administrativa como, por el ejemplo, el transporte discrecional de viajeros o el alquiler de viviendas de uso turístico. Por este motivo, es muy importante no generalizar la economía colaborativa, sino analizar la problemática sector por sector. A modelo de ejemplo, si finalmente se legalizan plataformas como Uber o Cabify, se estaría liberalizando el sector del taxi y se ha de recordar que más de 70.000 familias en España dependen de esta actividad. Normal que genere controversia. Por ello, el tema se ha de analizar por sectores y siempre permitiendo el diálogo de todos los agentes implicados para crear una suerte de mesa de mediación o negociación. Sólo con el consenso se evitará un conflicto mayor.

España: En España este reto se está encarado, principalmente, desde dos frentes. Por un lado, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha iniciado un “Estudio sobre nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa”. Por otro lado, a nivel autonómico, Cataluña se sitúa a la cabeza con la reciente creación de la Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa. En ambos casos, parece que la tendencia es analizar la economía colaborativa sector por sector, apoyarse en sistemas de autorregulación o regulación 2.0 y facilitar el intercambio de datos con las Administraciones Públicas para que éstas puedan ejercer sus labores de supervisión (de hecho, esto último ya sucede en otros sectores como en el juego online), no perdiendo nunca de vista el respeto a la privacidad de los usuarios.

Otros países: A nivel europeo, también se han creado comisiones en materia de economía colaborativa. De hecho, Italia es uno de los principales impulsores de la creación de una norma europea que la regule. En Reino Unido, la economía colaborativa también es protagonista en el Parlamento donde el gobierno actual es proclive a eliminar trabas legales para favorecerla. Al otro lado del charco, en EE.UU., hay diferentes escenarios debido a la autonomía regulatoria de los Estados. A nivel federal, se están llevando diferentes estudios en los que participan expertos de diferentes sectores y lugares del mundo.

Seguiremos hablando de este sector de la economía colaborativa en futuras publicaciones de este Blog. Todo lo que tenga que ver con sectores emergentes y disruptivos nos apasiona.

Sergio de Juan-Creix

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