RGPD: ¿‘BLANQUEO’ DE CONSENTIMIENTOS TÁCITOS?

Como muchos sabéis, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) elimina el consentimiento tácito que sí permite nuestra actual LOPD.

En efecto, el RGPD exige que el consentimiento para el tratamiento de datos personales consista en una manifestación (libre, específica, informada e inequívoca) o una acción (clara y afirmativa). Además, en algunos casos, también exige que este consentimiento sea expreso.

En otras palabras, el silencio o la inacción propios del consentimiento tácito ya no constituirán una forma válida de prestar el consentimiento.

Hasta aquí todo correcto, pero la gran pregunta es ¿qué sucede con los consentimientos tácitos obtenidos con anterioridad a la aplicación del RGPD prevista para mayo 2018?

El Considerando (171) del RGPD establece que “(…) no es necesario que el interesado dé su consentimiento de nuevo si la forma en que se dio el consentimiento se ajusta a las condiciones del presente Reglamento”.

Este es el quid de la cuestión. Parece que el RGPD impone una suerte de retroactividad que obligaría a ‘blanquear’ aquellos consentimientos tácitos obtenidos con anterioridad a su aplicación porque no se ajusta a sus condiciones”.

Sin duda, de ser esta la interpretación que prepondere, implicará para los responsables, además de una complicada tarea, un impacto negativo en el negocio.

Pensemos, por ejemplo, la dificultad que podría entrañar para una teleco o un banco el hecho de regularizar todos los consentimientos tácitos acumulados durante años.

Ante este escenario, las opciones para las empresas son básicamente dos. La primera, iniciar cuanto antes el proceso de regularización de los consentimientos tácitos. No hay que perder tiempo porque queda poco más de un año para la aplicación del RGPD.

Y, la segunda, renegociar con las autoridades la interpretación de la mencionada ‘retroactividad’. No hemos de olvidar que nuestro ordenamiento se rige por el principio de irretroactividad (es decir, el mantenimiento del orden jurídico vigente antes de la entrada en vigor de la nueva normativa).

En cualquiera de los dos supuestos, el camino no será sencillo. Seguiremos de cerca cómo evoluciona esta cuestión y las posibles consecuencias disruptivas que pueda tener su desenlace.

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